El presente trabajo de carácter exploratorio busca realizar un primer análisis en relación con los discursos gubernamentales que circulan en relación con el modo en que se supone se debe intervenir sobre las personas privadas de su libertad. Podemos afirmar que el desplazamiento que lleva del discurso de la resocialización al de control de riesgos- cuando no al puro castigo y sufrimiento-, señalado por autores como Löic Wacquant, David Garland y Zygmunt Bauman entre otros, no es solo una variación semántica en los modos de definir la cuestión carcelaria, sino que tiene consecuencias bien concretas. Los discursos en tanto prácticas tienen efectos materiales y señalan algunas mutaciones en las lógicas de lo carcelario (y también en el afuera).
En nuestro país el Servicio Penitenciario Federal (SPF), una institución que cuenta con 12.603 funcionarios y 11.372 personas privadas de su libertad pasó (SNEEP 2022), de depender del Ministerio de Justicia, a ubicarse bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación (Decreto 373/24). La titular de dicha cartera Patricia Bullrich, realizó algunas referencias en relación con el por qué del traspaso y qué espera a raíz del mismo.
En este sentido, a partir de un corpus documental constituido en base a discursos y declaraciones oficiales y a la prensa de los y las funcionarios/as del actual gobierno, pero sobre todo de la ministra de seguridad- máxima autoridad del SPF- es que buscaremos dar cuenta del modo en que, desde el gobierno nacional, se piensa la funcionalidad de la cárcel, su sentido y su utilidad, cómo se caracteriza a las personas encarceladas, y qué relación se plantea entre el afuera- la sociedad- y el adentro.
Asimismo, se realizará un acercamiento a las disputas entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en torno a la necesidad de que dicha jurisdicción cuente con un servicio penitenciario propio para los delitos ordinarios cometidos en su jurisdicción, en este caso se analizarán los argumentos y los proyectos que circulan para la creación de un servicio penitenciario de la CABA.