En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo "Góngora", en donde dispuso que en los casos penales de violencia de género no puede aplicarse ninguna respuesta que no sea llevar los casos a juicio oral. En estos 11 años, prácticamente no se realizaron investigaciones empíricas que midieran el nivel de acatamiento de esa regla (si es que efectivamente se la interpreta una regla a acatar); o qué respuesta están dando los sistemas de justicia penal a esas violencias; ni mucho menos el impacto efectivo de esta “política” sobre las personas victimizadas. ¿Realmente se hacen juicios orales por este tipo de hechos? Lamentablemente, el Estado no se ha preocupado por generar esa información, insumo básico para adecuar su política de gestión de la conflictividad de género.

Desde INECIP venimos trabajando con el objetivo de considerar la eficacia de esta política de prohibición, procurando verificar si cumple con lo que promete: un mayor nivel de acceso a la justicia y una mejor calidad de las respuestas de la justicia penal a este fenómeno criminal. En 2020 publicamos una primera exploración del tema junto al CEJA, y en 2023 nos involucramos en apoyar el trabajo “Violencias de género y respuestas de la justicia pena. Un mapeo federal de impacto a 10 años del caso ‘Góngora’”.

Esta ponencia tiene como objetivo problematizar la despreocupación de los sistemas de justicia penal de Argentina por sus niveles de eficacia político-criminal en el abordaje de las violencias de género, a partir del estudio de un caso: la justicia nacional en lo criminal y correccional. En particular, la pregunta de investigación fue: ¿qué información produce el sistema de justicia nacional sobre su desempeño político-criminal en el abordaje de los casos penales de violencia de género? Para eso, se relevó la información pública disponible y se realizaron pedidos de acceso a la información pública a los organismos responsables. Luego, se realizó un análisis documental y estadístico sobre la información recolectada.

Los resultados evidencian que el sistema de justicia penal no produce información de calidad sobre su desempeño político-criminal en el abordaje de los casos penales de violencia de género. Esto evidencia un vacío de responsabilidad por los resultados del sistema de justicia penal en la materia y genera un obstáculo para la toma de decisiones político-criminales que permita mejorar el desempeño y para la rendición de cuentas.