Actualmente, la evaluación de políticas públicas es una función ampliamente aceptada por la pluralidad de actores que integran el mundo de lo público. Su incorporación en la gestión, en la región latinoamericana, ubica sus inicios hacia 1950, de la mano de organismos como CEPAL y el ILPES (Pichardo, 2019). Varias décadas después, en Argentina se dio una fuerte institucionalización con la creación del SIEMPRO en 1994, siendo pionera en América Latina en contar con una institución gubernamental destinada a la evaluación de las políticas y programas sociales. De esta forma se daba impulso a la función de evaluación y se reconocía una creciente aceptación y difusión de prácticas evaluativas.
Habiendo transcurrido tres décadas desde entonces, la importancia de la evaluación como instancia insoslayable de la gestión pública es ampliamente aceptada. En este recorrido, también se han desarrollado y ampliado las capacidades evaluativas, profesionalizando la actividad a través de una profusa oferta formativa específica. Dentro del Estado, principalmente en organismos de órbita nacional, es posible encontrar áreas específicas con incumbencia en evaluación de las políticas ejecutadas. Por lo general se trata de áreas con diferentes niveles jerárquicos, ampliamente institucionalizadas, con perfiles sumamente formados y con especificidad en las competencias del organismo .
Bajo la esfera del ex Ministerio de Desarrollo Social no se identifica -por fuera del SIEMPRO que funcionó bajo su órbita hasta el año 2001- un área con funciones específicas en evaluación hasta la creación de la Dirección General de Información Social Estratégica (DGISE) en el año 2019. Así, desde la Coordinación de Estudios Estratégicos de esta Dirección, se lideró un proceso orientado a jerarquizar la práctica evaluativa hacia el interior del organismo, centralizando una agenda de evaluaciones según relevancia política y estratégica, con el propósito de desarrollar capacidades propias.
Un ejemplo de esto es la evaluación del Programa “Argentina Recicla” ejecutado por la Dirección Nacional de Economía Popular de la Secretaría de Economía Social . El Programa buscó promover la inclusión social y laboral de trabajadores de recolección y recuperación de Residuos Sólidos Urbanos no reconocidos, garantizando condiciones mínimas de seguridad en el trabajo.
En 2023 un equipo de profesionales de la DGISE, en coordinación con la DNEP, desarrolló una evaluación concurrente de procesos y resultados intermedios que, a partir de la recolección de información primaria y la sistematización y análisis de información secundaria, permitió identificar los efectos del Programa entre su población, así como identificar emergentes propios de su implementación. Sus resultados contribuyeron al informe de cierre de gestión.