La impunidad es una dimensión central en la construcción del gobierno penitenciario: las unidades penales son espacios organizados y sostenidos en delitos estatales naturalizados, tolerados y validados. Nos referimos, específicamente, a las prácticas de tortura y de corrupción que –pese a ser denunciadas por organismos de control– persisten sin sanciones penales para los/as perpetradores/as.
En este trabajo analizamos las condiciones de posibilidad y las formas de construcción de un sistema penitenciario impune, atendiendo a la producción de opacidad de las prácticas delictivas: por un lado, mediante el silenciamiento de las víctimas; por otro, a través del encubrimiento de los/as victimarios/as. El objetivo es comprender los efectos de estas dinámicas en la reproducción de la violencia estatal en las cárceles. Para ello abordamos el material empírico generado a partir de entrevistas con víctimas de torturas, sus familiares y allegados/as realizadas por el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos entre 2011 y 2020 en las jurisdicciones federal y bonaerense de los servicios penitenciarios argentinos.