El Presupuesto Participativo (PP) es un instrumento de gestión municipal que se inscribe en los procesos de reforma neoliberal y descentralización estatal, sucedidos en latinoamérica a partir de la década de 1980. En este marco, el PP aparece como una herramienta innovadora que busca replantear el modo de planificar y gestionar el territorio incorporando las perspectivas de distintos actores en un escenario de creciente complejidad y promoviendo formas más directas y vinculantes en los asuntos de gobierno (Couto y Carmona, 2017). Puede definirse como un mecanismo de participación ciudadana que habilita la discusión sobre el destino de un porcentaje del presupuesto público para la resolución de problemáticas urbanas elegidas y jerarquizadas como prioritarias por los vecinos a través de un modelo de co-gestión pública. Sin embargo, algunos autores advierten que esta herramienta puede facilitar la construcción artificial de consensos, legitimar decisiones tomadas con anterioridad y trasladar las responsabilidades del Estado a la sociedad civil (Goldfrank 2006; Pagani, 2015; Carmona, 2017). La primera experiencia tiene lugar en Porto Alegre (1989) y es posteriormente replicada en distintas ciudades de América Latina, aunque con diseños y resultados heterogéneos. En Argentina, sus inicios se remontan al año 2002 –en las ciudades de Rosario y Godoy Cruz–, y 2006 en la Provincia de Buenos Aires.
En este trabajo nos proponemos analizar comparativamente el rol del Estado local en el proceso de implementación del PP en los partidos de La Costa y General Pueyrredon entre 2008 y 2014. La selección de dichos partidos propone, en sintonía con Sartori y Morlino (1994), la comparación de dos casos con características comunes y diferentes. Si bien comparten el hecho de ser municipios de la costa atlántica bonaerense con un perfil productivo predominantemente orientado al turismo, estos ostentan diferencias notorias en cuanto a su tamaño y densidad poblacional –así como también en sus problemáticas urbanas. Para desarrollar este objetivo, se recolectaron datos primarios provenientes de entrevistas en profundidad a funcionarios encargados de la implementación del PP, y datos secundarios, obtenidos de un análisis documental en el que se relevaron documentos normativos disponibles en los digestos (ordenanzas, decretos), páginas web municipales y notas periodísticas.
En línea con Ferguson y Gupta (2017), consideramos que el Estado se construye a sí mismo a través de distintas metáforas y prácticas que legitiman su autoridad al representarse como una entidad superior (por encima de) o abarcadora de otras instituciones y la sociedad civil. Entendiendo a la espacialización del Estado como un proceso por el cual se legitima una forma de gobernabilidad (Foucault, 1991), nos preguntarnos por el rol que este asume, en su escala local, en la implementación de políticas participativas. El estudio de estos casos permite identificar una lógica instrumental de ‘buena gestión’, característica de la gobernanza empresarial (Cabannes en Carmona y López Accotto, 2018). Que, a su vez, busca contribuir a un proceso de relegitimación de los gobiernos locales en un contexto de crisis de representatividad y cuestionamiento a la política tradicional, revalorizando la proximidad con el “vecino” (Annunziata, 2015).