Desde la última década de siglo XX, los procesos de migración interna y de países limítrofes impactan fuertemente la configuración socioespacial de las zonas rural/urbanas argentinas. La isla de Tierra del Fuego no ha sido ajena a estos procesos de cambios y transformaciones donde tempranamente la conquista y colonización implico el arrinconamiento y genocidio de las poblaciones nativas. De ellas, hoy, sólo se reconocen a nivel estatal, la comunidad Selknam de la reserva Rafaela Ishton (territorio que es propiedad de la comunidad desde 2011) en Tolhuin y la comunidad Indígena Yagan Paiakola de Ushuaia, que obtuvo la inscripción con Personería Jurídica en 2021.
La ocupación como territorio nacional resulto del establecimiento de personal militar a propósito de la defensa de la soberanía, la instalación de un edificio penitenciario y los servicios para su funcionamiento (producción ganadera, forestal, entre otros).
Con la provincialización del territorio ocurrida en 1991 se llegó a una población de 60 mil habitantes -el quíntuple que dos décadas atrás-, este flujo de migrantes (de otras provincias y países extranjeros) fue promovido por la ley 19.640 de industrialización y radicación de empresas (explotadoras de recursos no renovables, ensamblaje de electrodomésticos, etc.).
Los servicios de salud, vivienda y la escuela pública han recibido ese impacto en tanto constituyen espacios donde se articulan de modo heterogéneo diversidad y desigualdad social interpelando a la propia formación de los agentes y a la organización de los proyectos políticos institucionales.
En el discurso cotidiano se despliegan juicios de valor que entretejen la trama comunicativa a partir de la cual se activan distancias, negaciones, indiferencias y hasta auto desvalorizaciones por parte de quienes se identifican como pertenecientes a un pueblo originario o extranjero y que hoy viven alejados de sus regiones de origen. La construcción identitaria de niños, niñas y jóvenes es un derecho que resulta conflictivo y tensionado en los procesos de escolarización si los organismos gubernamentales no garantizan el respeto por la identidad étnica, cultural y lingüística de los pueblos.
En este trabajo centraremos la mirada en la problematización de la modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB), establecida como derecho constitucional desde 1994 (Constitución Nacional, art 75-inciso 17). Si bien esta modalidad está contemplada en la Ley de Educación de la Nación de 2006, desde el proyecto general ESCOLARIZACIÓN - ETNICIDAD - DISIDENCIAS. Lectura en clave escolar de la revisión y puesta en valor de los procesos socio- étnicos, que enmarca esta presentación y en proyectos de investigación anteriores, evidenciamos que en las regiones y estados provinciales del norte, este, oeste y centro sur de Argentina se han construido experiencias de EIB en las escuelas públicas pero la región austral de nuestro territorio recién en 2021 está iniciando acciones en este camino.
Nuestro objetivo será realizar una sistematización desde archivos de los instrumentos legales nacionales y provinciales para aproximarnos a un primer diagnóstico sobre las tensiones y conflictos que se generan ante la diversidad cultural y las desigualdades sociales que implican a la población originaria y la residente producto de migraciones.