Si bien la preocupación por la inseguridad está presente y en crescendo desde mediados de los años ochenta (Kessler, 2009), a partir de la década de los noventa es percibida como una de las principales amenazas por la ciudadanía argentina. Hacemos referencia a “una inseguridad” que se configura desde un sentido hegemónico fundado en la relación entre inseguridad, delito y sectores populares y en la producción de mecanismos punitivos como principal respuesta a la problemática (Kessler, 2009; Ayos y Fiuza Casais, 2018).
Sin embargo, a partir de la década del dos mil comienzan a desplegarse formas de problematizar la seguridad en la Argentina pretendidamente contrapuestas a dicho sentido hegemónico (Ayos y Fiuza Casais, 2018). A grandes rasgos, se crearon distintos programas estatales que basaban el sentido democrático, fundamentalmente, en las estrategias de prevención “social” y en la coordinación intersectorial en materia de seguridad (Pipp, 2012; Binder 2016). Lo que implicaba, por un lado, entender al delito como un fenómeno social, vinculado a procesos estructurales (empleo, inclusión social, etc.), y a procesos culturales; y, por otro lado, lograr articular las agencias e instituciones de Nación, Provincia y Municipio y también la sociedad civil, en las intervenciones. También se caracterizan por una orientación progresista que pregona por la despolicialización de las protestas sociales y las medidas tendientes hacia un control político de las fuerzas policiales (Sozzo, 2008; Ciafardin, 2016).

En la búsqueda de comenzar a responder a los siguientes interrogantes: ¿es posible intervenir desde el Estado en el fenómeno de la delincuencia y la seguridad de una manera democrática, sin fracasar en el intento de consolidar formas alternativas a las hegemónicas prácticas autoritarias?; ¿en qué medida la democratización de la gestión estatal securitaria es una demanda genuina de la población?; ¿en qué consiste el cambio democrático en materia de seguridad?, proponemos comenzar por estudiar el caso de uno de los programas de seguridad ciudadana más significativo como expresión de una política democrática implementado en Argentina en las últimas dos décadas: el Programa Integral de Protección Ciudadana. El mismo comienza su implementación en la ciudad de Mar del Plata a fines del 2013 y genera una reestructuración en materia de seguridad.
En concreto, la presente propuesta propone analizar los discursos circulantes a este programa que propone una democratización de la gestión estatal. Proponemos analizar esta política pública desde sus discursos institucionales (las declaraciones oficiales, ordenanzas, los textos de los acuerdos). Así cómo también, desde al análisis de los discursos mediáticos (se analizará el discurso de los promotores y agentes estatales a partir de los textos en los medios de comunicación).
Para analizar los discursos mediáticos utilizará la técnica de minería de textos (Albrieu y Palazzo, 2020). Una técnica que promueven la investigación computacional y permiten llegar a conclusiones detectando patrones estadísticos mediante el estudio de las palabras presentes en un texto (Albrieu y Palazzo, 2020). Se utilizará el periódico de mayor circulación de la ciudad de Mar del Plata: La Capital.

Consideramos que tanto los discursos institucionales como los mediáticos, pueden aportar a ampliar la comprensión del sentido, propósitos, razones y objetivos de la implementación de una nueva gestión gubernamental de la cuestión securitaria, con intenciones democráticas explícitas. que confronta las concepciones tradicionales autoritarias hegemónicas y/o preexistentes.