Argentina, desde sus orígenes, presenta un importante desequilibrio territorial, debido a la concentración de gran parte de su población en muy pocas áreas urbanas, en detrimento de una densidad poblacional muy baja en el resto de su territorio, y principalmente una ruralidad poco habitada. Este modelo territorial como también el constante éxodo rural registrado a partir de la mitad del siglo XX, obedecen a una amplia gama de factores y acontece contemporáneamente con un importante incremento de la producción agrícola y un cambio en la forma de producir.
En este contexto no solo se pierde población rural; también los pueblos y pequeños asentamientos rurales van perdiendo funciones comerciales y productivas, servicios sociales y educativos, quedando las infraestructuras obsoletas y vacías de función alguna. Al ritmo que la población disminuye, la restante se envejece, decaen los núcleos de sociabilidad y se potencia la migración campo - ciudad.
Desde las diversas definiciones de Territorio, entendemos que el Estado, junto a los poderes económicos, ocupa un rol relevante en su conformación y que interviene constantemente, de forma directa o indirecta, desde la acción o la pasividad, en su devenir. Comprendemos que un problema como lo es el despoblamiento rural, es de gran escala, complejo, interdependiente, subjetivo y conflictivo; esconde dimensiones inmanejables, escurridizas a los instrumentos gubernamentales e incluso, en muchos casos la intervención estatal termina provocando problemas nuevos y aún más complejos.
Es muy probable que por lo antes dicho, el despoblamiento como cuestión particular y el habitar rural en general, difícilmente han encontrado políticas públicas que tengan por objeto su promoción integral y sumamente enriquecedor. Los pocos esfuerzos que se han realizado a lo largo de la historia de nuestro país -implantación de escuelas, caminería, salud, electrificación, etc- en general se tratan de miradas no han hecho más que aplacar las complejidades inmediatas de vivir en un entorno complejo y dominado por el agronegocio, sin llegar a promocionar su desarrollo como verdadero espacio del habitar.
La pérdida de población del ámbito rural y el achicamiento de sus pequeñas localidades no es una particularidad de nuestro territorio, sino que se convierte en una consecuencia del accionar del capitalismo agropecuario. Este problema también se presenta en el territorio europeo y fue abordado en el año 2016, cuando se celebró la conferencia Europea sobre Desarrollo Rural en Cork, Irlanda. De este encuentro nace la Declaración de Cork 2.0 marcando un giro fundamental en la manera de percibir las zonas rurales y sus retos. Una de las innovaciones planteadas en esta declaración, fue la revisión sistemática de otras políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural (Unión Europea, 2016). Esto es conocido por el mundo anglosajón como Rural Proofing o en español, como mecanismo rural de garantía.
En definitiva, este trabajo busca explorar la posibilidad que brinda el proofing rural, como perspectiva transversal para abordar desde el estado y las políticas públicas la cuestión del despoblamiento y el habitar rural, o verificar su potencialidad como isomorfismo institucional.