La provincia de Buenos Aires registra un fenómeno conocido como encarcelamiento masivo que no es aislado, sino más bien común a la mayor parte del mundo occidental. En un período de aproximadamente 25 años, la tasa de prisionización en unidades penales de la provincia se multiplicó de 76 a 262 cada 100 mil habitantes. Este fenómeno se condice con otros cambios que se pueden sintetizar en el concepto de expansión punitiva, donde los discursos y las políticas manoduristas dominan las percepciones sobre el delito y la seguridad ciudadana. Si bien diversos trabajos han abordado el estudio del encarcelamiento masivo, así como las reformas legislativas y la expansión punitiva en general, hay un campo que no ha sido observado detenidamente. Se trata de aquel campo donde se lleva adelante la supervisión por parte del Patronato de Liberados Bonaerense de aquellas personas que cumplen la totalidad o parte de su pena en libertad, es decir, quienes frente a la comisión de un delito accedieron a una medida alternativa a la prisión - suspensión de juicio a prueba o condena condicional-, o bien quienes han transitado una pena de prisión y cumplirán el último tramo de su condena fuera de la cárcel bajo el régimen de una libertad condicional o libertad asistida. De alguna manera, la ejecución penal en libertad se presenta como una contracara del sistema penitenciario, llevando adelante la intervención sobre un universo de personas de las mismas dimensiones que la privada de su libertad. En este trabajo se propone presentar un análisis comparativo de la evolución de estas poblaciones del sistema penal - intramuros y fuera de ellos-, buscando establecer los puntos de conexión entre las personas que cumplen medidas de ejecución penal dentro de las cárceles y fuera de ellas. Es así que se puede comprender que estos dos sistemas interactúan fuertemente en la gestión de aquellas personas que cursan procesos penales o el cumplimiento de condenas, y de alguna manera son sistemas que se complementan. A su vez, estas observaciones apuntan a presentar que mientras el universo de las personas privadas de su libertad registra un crecimiento sostenido, no se observa el mismo comportamiento en las medidas alternativas a la prisión que más bien dan cuenta de una evolución menos constante. Indagando en este punto, se plantean una serie de interrogantes que apuntan a la restricción en el uso de medidas no penitenciarias, y la reafirmación de la cárcel como instancia predilecta para la gestión de la seguridad pública.