En nuestro país, el marco normativo que regulaba el acceso al aborto desde 1921 se basaba en el modelo de causales, que establecía que un aborto no era punible sólo cuando el embarazo representaba un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante o cuando era producto de una violación. Sin embargo, el Modelo Médico Hegemónico, que basa la atención de la salud en una perspectiva biologiscista y ahistórica de los padecimientos (Menéndez, 2005), ha logrado imponerse históricamente en la atención del aborto, escindiendo las causas del embarazo no deseado de las desigualdades sociales que estructuran las experiencias de vida de las mujeres.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en 2020, marcó un punto de inflexión para los equipos de salud, ya que restituye a las mujeres y personas gestantes la autoridad epistémica sobre sus cuerpos, obligando a los/as profesionales a desplegar un abordaje integral que contribuya, durante todo el proceso de atención, a generar condiciones para la toma de decisiones libres y autónomas. En este contexto, este estudio busca aportar evidencia empírica acerca de la forma en que las relaciones de género y los mandatos sociales patriarcales se resignifican en los discursos de los/as trabajadores/as de la salud y modulan la manera en que las mujeres que deciden realizar un aborto en el marco de la Ley de IVE acceden al sistema sanitario y son atendidas.
Se trata de un estudio cualitativo, de carácter descriptivo y comparativo, realizado en tres centros de atención primario de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reconocer las representaciones de sus trabajadores/as acerca de la sexualidad y la (no)reproducción de las mujeres que deciden abortar. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 28 trabajadores/as de salud, profesionales y no profesionales, con cuotas por efector. Los datos fueron analizados a la luz de la perspectiva de género, tomando como variable de análisis el equipo al que pertenecía cada participante y su grado de participación en los espacios de consejería.
Los resultados develan que, entre los/as integrantes de los equipos de consejería de los tres efectores prevalece una mirada integral de la salud, vinculando el embarazo no intencional a situaciones de desigualdad de género estructural, lo que contribuye a tener una visión amplia de las causales de no punibilidad y a concebir la atención del aborto voluntario como una oportunidad para desnaturalizar mandatos patriarcales y problematizar relaciones de género opresivas, habilitando en las mujeres la posibilidad de autonomía (Fernández, 2000).
Por su parte, entre quienes no participan de estos espacios, prevalecen representaciones patriarcales que asocian la sexualidad a la reproducción, que vinculan el cuidado a la noción de riesgo y que reducen las prácticas anticonceptivas a la responsabilidad de las mujeres. Estas representaciones se traducen en barreras simbólicas de accesibilidad (Solitario & otros: 2008) que enfrentan las mujeres para acceder al aborto voluntario, reflejadas en prácticas y discursos que operan como “estrategia biopolítica de culpabilización” (Tajer y Fernández, 2015:15).